sábado, 14 de diciembre de 2013

Noruega prohíbe a Arabia Saudí financiar mezquitas mientras no permitan construir iglesias en su país


El Gobierno noruego ha dado un importante paso a la hora de defender la libertad religiosa en el mundo frente al totalitarismo islámico.
REDACCIÓN HO.- Jonas Gahr Stor, ministro de Asuntos Exteriores, ha afirmado que se rechazarán las donaciones millonarias de Arabia Saudí y varios  empresarios musulmanes para financiar la construcción de mezquitas en Noruega. Según el ministro, las comunidades religiosas tienen derecho a recibir ayuda financiera, pero el gobierno noruego, excepcionalmente y por razones lógicas, no apoya la financiación islámica de cientos de millones de euros.
Según recoge el diario Vg Nett, su responsable de Exteriores ha justificado esta decisión:"Sería una paradoja, y antinatural aceptar las fuentes de financiación de un país donde no hay libertad religiosa" asegura. Además, señaló el origen de su dictamen: "una comunidad cristiana que se asienta en Arabia Saudí está cometiendo un delito" dijo, recordando laexpresa prohibición del país árabe a la construcción de iglesias, entre otros.
Jonas Gahr Stor también anuncia que "Noruega llevará el asunto ante el Consejo de Europa" donde defenderá esta decisión basada en la más estricta reciprocidad con Arabia Saudita.

viernes, 13 de diciembre de 2013

¿Quiénes son la Troika?


La tríada formada por la Comisión, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) es lo que se conoce como la Troika, un conjunto de organizaciones de las que sólo hay información sobre las conclusiones o memorandos de entendimiento que publican sobre los países rescatados a los que asisten. Sin embargo, se ignora cómo estas instituciones llegan a tomar estas decisiones que están determinando el futuro de los ciudadanos europeos, pero en mayor medida la de los griegos, irlandeses, portugueses, chipriotas y españoles.

Pero, ¿cuál es el trabajo que realizan estas instituciones? Entre30 y 40 expertos de las tres instituciones son enviados al país que se debe examinar para controlar que se están llevando a cabo las medidas impuestas, aseguran fuentes comunitarias a Público. Cuatro veces al año estos técnicos examinan los estados centrándose en ámbitos como la política presupuestaria, el marco macro-económico, las reformas estructurales o las reformas bancaria, y aseguran que se están cumpliendo los requisitos especificados. No sólo existe un equipo itinerante, sino que la Comisión Europea y el FMI mantienen personal en Atenas, Dublín y Lisboa, con el fin de "asegurar un diálogo continuo con las autoridades", detallan fuentes europeas. En este sentido, Servaas Deroose es el Jefe de Misión en España, puesto que la Comisión Europea no tiene un representante permanente en Madrid, a diferencia del FMI.

La Comisión Europea y el FMI mantienen personal en Atenas, Dublín y Lisboa Según han explicado a este diario fuentes europeas, el trabajo que realizan se basa en un análisis "muy exhaustivo" de los datos que se disponen sobre el país en cuestión. Estos datos se obtienen tras reunirse con una serie de interlocutores del gobierno, la Administración, partes interesadas como empresarios, trabajadores, y algunos académicos. Sobre este trabajo técnico, los jefes de misión; generalmente tres, puesto que cada institución designa a uno, discuten con los líderes políticos la orientación del programa y las medidas clave que han de tomarse, las cuales se publican en el memorándum de entendimiento. Sobre la base de este memorando y las conclusiones de la misión, el Eurogrupo decide sobre cada desembolso de la asistencia financiera que estimen necesaria para cada país.

La diferencia entre los equipos de la Comisión, el FMI y el BCE reside principalmente en este último organismo, que al no tener derecho a prestar dinero a países, no toma en ningún momento ninguna decisión y no ha firmado ningún memorando de entendimiento. El BCE no tiene derecho a prestar dinero a países, por lo que normalmente no tendría ningún papel en esta tríada. Sin embargo, los estados miembros durante la negociación del primer rescate entre la Unión Europea, el FMI y Grecia pidieron que esta organización formara parte de la Troika. La labor que tienen los expertos del BCE es de la misma clase que las otras instituciones, pero tiene una función meramente consultiva. "La cooperación de los equipos de las misiones del BCE con los del FMI y la Comisión Europea es muy estrecha y constructiva y se realiza en un excelente espíritu de equipo", aseguran fuentes del BCE a Público.

En España el trabajo de análisis se basa principalmente en la estabilidad financiera y en la salud de los bancos, es decir, de analizar la situación de la banca en general. Mientras, en otros países, como en Grecia, se tratan asuntos económicos relacionados con las finanzas públicas, impuestos, etc.

Los funcionarios de la Troika cuentan con una amplia experiencia en los temas a analizar en los países en cuestión Los expertos que forman parte de estos equipos son empleados de las instituciones de la Troika y son seleccionados según su experiencia y conocimiento del tema que vayan a tratar en el país indicado, puesto que no siempre envían a las mismas personas a los distintos países rescatados. Por ello, el equipo no es el mismo en cada país y el número de personas que participan en una misión de examen puede variar, así como el perfil del equipo que cumple con las necesidades específicas de la misión de examen, declaran fuentes de la organización. Todos ellos cuentan con una amplia experiencia en el diseño y supervisión de políticas económicas, subrayan.

Falta de transparencia por parte de la Troika

Cabe señalar que algunos expertos denuncian el secretismo de estas tres instituciones en relación a saber cuál es el proceso que siguen para tomar decisiones tan relevantes para la ciudadanía. Kenneth Harr, miembro de Corporate Observatory Europeo considera que estas organizaciones son "opacas". "No existe un control democrático real de su comportamiento, esto hace que sea aún más aterrador que la Troika tenga un papel tan decisivo en el destino de los países que han prestado el dinero de la UE o del FMI", declara.

"Es complicado saber si la Troika ha fallado o no"

Guntram Wolff, director del Think Tank Bruegel, uno de los más significativos sobre asuntos económicos y financieros, asegura que "el juicio sobre si la Troika ha resultado con existo o ha fallado es más difícil de realizar de lo que parece". "Para realizar un juicio de estas características hay que tener en cuenta las circunstancias de los países en los que se han llevado a cabo los programas", señala. Además se apoya en la idea de que ninguno de los países que están siendo supervisados por la Troika se ha pronunciado sobre ello, por lo que no se puede saber todavía.

"Las políticas actuales son contraproducentes", aseguran desde CEO

No obstante, otros expertos no comparten la opinión de Wolff y son más tajantes en su respuesta. Martin Konecny, miembro de Corporate Europe Observatory (CEO), asegura que la Troika es "una fuerza destructiva que obliga a llevar a cabo medidas que se oponen a los intereses de las mayorías". "La responsabilidad de la crisis tiene sus causas en una integración neoliberal de la zona del euro en la última década y es cierto que los gobiernos de los países de la periferia europea tienen su propia cuota de responsabilidad, pero las políticas actuales son contraproducentes y son la principal razón para el desempleo en esos países", continúa.

"La Troika no es un nuevo poder"

"Yo no diría que la Troika de por sí representa un nuevo poder, ya que consiste en instituciones ya existentes. Yo sugeriría que la Troika representa una nueva técnica de poder o un conjunto de tales técnicas", señala Konecny. "La Troika es una grave amenaza para la democracia y la socava en forma alarmante", añade el experto de Corporate Europe Observatory. Este especialista piensa que antes de la crisis era la "mano invisible del mercado" la que justificaba determinadas políticas, pero actualmente es la "mano visible de la Troika". "Si los gobiernos tratan de desafiar a la Troika y su política, la presión aumentará a un punto en el que tengan que renunciar para dejar paso a los llamados gobiernos de expertos", subraya.

Los países del sur de Europa tienen una imagen más negativa de la Troika Guntram Wolff cree que la imagen que se tiene de la Troika depende del territorio, puesto que en los países en los que tiene una relación directa la imagen es "fuerte y negativa", mientras que en el resto de Europa considera que "no existe particularmente esta imagen".

Esta misma opinión la comparte Kenneth Harr, de Corporate Europe Observatory. "Creo que huelga decir, que los ciudadanos de los países en los que opera la Troika no tienen una imagen positiva de la Troika", señala, "la mayoría no tienen nada que agradecer a la Troika".

Este experto considera que "el enfoque de la política económica es completamente despiadado puesto que la Troika ha atacado sistemáticamente a los salarios y al bienestar allí donde ha llevado a cabo su negocio, y lo ha hecho al obligar a los gobiernos a cumplir, por lo que no ha existido un verdadero diálogo o negociación".

"Para los ciudadanos, la Troika es la pesadilla política. Desconocidos, burócratas anónimos de tres poderosas instituciones que no rinden cuentas, llevan la voz cantante en los hechos fundamentales de su vida e imponen programas económicos que pagan la mayoría", zanja Harr.

jueves, 12 de diciembre de 2013

Objetivo: juzgar a los ricos. No a la impunidad


Algunas van dirigidas contra directivos de bancos. Otras piden cuentas a los responsables políticos de las privatizaciones o de las propias entidades financieras. Pero todas ellas tienen algo en común: las han presentado alianzas de movimientos sociales y grupos de afectados. Las querellas o denuncias populares por corrupción política o delitos económicos se han multiplicado con la crisis: sólo en los últimos dos años, la Audiencia Nacional ha recibido cinco de estas querellas, de las cuales ya está instruyendo las relativas al caso Bárcenas y al conocido como “caso Bankia” [Tras cerrarse el número en el que fue editado este artículo, la Audiencia Nacional admitió a trámite la querella de PAH Madrid contra el Santander]. Y las causas que se dirimen en tribunales autonómicos, como la que implica a los responsables de la sanidad madrileña con Esperanza Aguirre o la que ha provocado la suspensión de los secretarios de organización y de política municipal de los socialistas catalanes, causas que ya están condicionando la agenda política pese a encontrarse en sus primeras fases.

Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanosEl punto de partida es poco esperanzador. Según la última encuesta monográfica del CIS sobre la percepción de la Justicia en España, publicada en febrero de 2011, el 77,4% de las personas consultadas estaba poco o nada de acuerdo con la afirmación “la Justicia trata por igual a ricos y a pobres”, y un 82,6% de los encuestados creía que las leyes favorecen a unos ciudadanos más que a otros. En los barómetros que el centro publica mes a mes, la administración de Justicia no figura entre los primeros problemas que citan las personas encuestadas, pero su imagen ha empeorado en los últimos años.

“Aquí hay una impunidad total. Hay una cierta clase que puede robar a quien quiera, mientras que en EE UU han juzgado a la banca y han tenido que pagar”, explica a DIAGONAL una de las accionistas de Bankia que ha colaborado en la última de las querellas ciudadanas por delitos económicos presentadas ante la Audie­n­cia Nacional: la que interpuso en noviembre el 15M a través del Tribunal Ciudadano de Justicia (TCJ). La querellante, que prefiere no identificarse, ha vivido casi toda su vida fuera del país. Al regresar a comienzos de la pasada década, en pleno auge del ladrillo, venía confiada en que “éste era un país serio”. Hoy comenta que el propio notario que tramitó la querella reconoció haber suscrito acciones de Bankia por valor de 6.000 euros. Las mismas que salieron al mercado con un precio de 3,75 euros por acción para hundirse a menos de 0,70.

A ella le “volaron” 3.000 euros con el batacazo de Bankia en junio de 2012. Por este motivo decidió sumarse a la petición de colaboración del TCJ. Esta querella, no obstante, no se presenta por la operación con la que Rodrigo Rato y compañía trataron presuntamente de tapar millones de euros de agujero contable, circunstancia que ya investiga el juez Fer­nan­do Andreu en la Audien­cia Nacio­nal a instancias, entre otros, de la campaña 15MpaRato. El TCJ se remonta más atrás: a los préstamos hipotecarios, contratos de compraventa y, sobre todo, informes de tasaciones, en los que participaron Caja Madrid y sus tasadoras entre 2003 y 2008. El TCJ considera que los directivos inflaron intencionadamente los precios de los pisos en connivencia con las tasadoras, y eso es lo que quieren que investigue la Audiencia Nacional. Para ello han trabajado dos años hasta recopilar hasta 16.000 páginas de expedientes.

Jueces díscolos

Casos como el de Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid y uno de los 90 directivos de la entidad incluidos por el TCJ en su querella, po­drían ayudar a reforzar esta percepción de impunidad y descontrol. Enviado a prisión en dos ocasiones por el juez Elpidio José Silva, por su participación en la venta del City National Bank de Florida, Blesa se convertía en 2013 en el primer banquero en pisar la cárcel desde el expresidente de Banesto, Mario Con­de, en 1994. Sin embargo, el caso no ha tardado en volverse contra el juez instructor que, a pesar de denunciar presiones para abandonar las investigaciones por parte de la Fiscalía y otras instancias y de pedir el amparo del Consejo General del Poder Judicial, ha acabado suspendido temporalmente de sus funciones e imputado por prevaricación y por “dos delitos contra la libertad individual”. [El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció este lunes el procesamiento de Silva y ordenó una fianza de 8.000 euros]. Al igual que el juez Silva, también Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, ha denunciado, tras aceptar la querella presentada por el colectivo médico AFEM, presiones de la Fiscalía madrileña para que deje de investigar a los exconsejeros de Sani­dad madrileños Juan José Güe­mes y Manuel Lamela, imputados por prevaricación y cohecho por supuestas irregularidades en la primera etapa de la privatización de los hospitales madrileños, que se inició en 2004. La Fiscalía ha llegado a acusar al magistrado de “instruir una causa general, prohibida en nuestro ordenamiento”, y se ha adherido al recurso presentado por Güemes, al de la aseguradora Asisa y al de Unilabs, algunas de las empresas imputadas en la causa.

Defensores de los corruptos

“Todos los ciudadanos observan indignados este espectáculo de ‘fisca­les defensores’ de los corruptos con poder, en procesos como el insólito auto de ‘desimputación’ de la infanta en el caso Noos [...], por no hablar del caso Gürtel, donde parecería que el papel de la Fiscalía es hacer tiempo para que prescriban los delitos. Es ya imposible confiar en unas fiscalías que operan de esta manera”, denunciaban recientemente desde 15Mpa­Rato.

Esta campaña afirma que en el caso de la estafa de las preferentes denunciada por ellos, “la Fiscalía se ha opuesto a la apertura de ninguna investigación; antes incluso de que presentáramos ninguna querella. El fiscal general del Estado se reunió en septiembre de 2012 con los fiscales jefes de los tribunales superiores de justicia para ‘decidir’ que no se perseguirían penalmente las preferentes”.

Pero todo esto no ha impedido que las querellas o denuncias ciudadanas se prodiguen en los últimos tiempos. “Tenemos todo un aparato institucional del Estado de supervisión y control de poderes que no está haciendo su trabajo, por tanto deja a la ciudadanía como único ámbito para la reivindicación de justicia en un sentido global y general”, afirma Carolina Bescan­sa, profesora de Ciencias Polí­ticas en la Universidad Complu­tense de Madrid. También el abogado Rafa Ma­yoral, de la Plata­forma de Afecta­dos por la Hipoteca (PAH), opina que “las denuncias que se presentan ante la autoridad judicial lo que vienen es a dejar claro que existe una situación de impunidad y una auténtica inacción por parte de los poderes públicos para garantizar los derechos de los ciudadanos”.

El 31 de octubre, 28 personas afectadas, apoyadas por la PAH Madrid, presentaron ante la Audien­cia Nacio­nal una denuncia penal contra Emilio Botín, Ana Patricia Botín, Alfredo Sáenz y otros 17 directivos de la financiera UCI, el Banco San­tan­der, el BNP-Paribas y la tasadora Val­tec­nic, además de contra las cuatro entidades, por delitos de estafa continuada, contra los consumidores, contra el orden socioeconómico y por asociación ilícita en concurso con organización criminal por la comercialización de hipotecas basura. Se trata de la primera denuncia penal enmar­cada en la campaña Jui­cio y Castigo de la PAH, que no descarta presentar más en el futuro, aunque el elemento central de la campaña, explica Rafa Mayoral, no es el componente judicial, sino “la movilización social de denuncia de la impunidad”.

Buscando precedentes

Los delitos de cuello blanco, por lo menos aquellos denunciados por movimientos de base, cuentan con pocos precedentes de éxito. Las sentencias que han dado la razón a las demandas populares generalmente han tenido que ver con delitos ambientales o cuestiones relacionadas con los derechos humanos: la estrategia de juicio y castigo a los culpables impulsada por los abogados de PAH Madrid así lo reconoce implícitamente, al aludir a la demanda de “justicia, verdad y reparación” definida como reclama política en los juicios impulsados por las víctimas de las dictaduras del Cono Sur.

El caso de Ecuador marca un precedente negativo. Juan Carlos Calde­rón, director de la revista digital Plan V, explica a DIAGONAL que años después de la crisis financiera que asoló al país a finales de los 90 “no está claro el balance de cuánto se le debe a los ahorradores y al Estado que tuvo que hacerse cargo del rescate de los bancos”. El balance social sí está claro: cerca de tres millones de personas que tuvieron que salir del país y una devaluación de los depósitos bancarios de hasta el 1.000% después de que el Gobierno de Jamil Mahuad decidiera dolarizar la economía.



Y no fue la ausencia de un movimiento social fuerte que respaldara las querellas lo que le faltó al país. Tanto las asociaciones de ahorradores como los movimientos sociales integrados en la Asamblea de los Pue­blos, “un Congreso paralelo”, como la define Calderón, comenzaron a identificar y denunciar a los culpables del desastre. “Las demandas no prosperaron porque el poder político estaba conchabado con ellos”, señala el periodista. Un banquero próximo a Ma­huad, Fernando Azpiazu, fue condenado a ocho años de cárcel, pero no por administración desleal o mala gestión, sino por delitos fiscales. Los hermanos Ro­ber­to y William Isaías, cuyas pérdidas fueron las primeras en ser nacionalizadas y que dejaron una deuda de 600 millones de dólares al Estado ecuatoriano, permanecen prófugos en Miami. “El daño causado es irreversible”, concluye Calderón.

En el Estado español, de momento quienes anhelan una Justicia más igualitaria deben conformarse con todavía menos. Los dirigentes socialistas catalanes Daniel Fernández y Manel Bustos (respectivamente, secretario de Organización y secretario de Política Municipal del PSC) fueron apartados de la dirección tras conocerse su imputación en el llamado caso Mercurio, una investigación por tráfico de influencias centrada en los 13 años de gestión de Bustos en el Ayuntamiento de Saba­dell. Las Can­di­daturas de Unidad Popular (CUP) son acusación particular en este caso y en la investigación abierta por la Fiscalía Anti­corrupción catalana en el caso de Catalunya Caixa (CX).

También en este último caso es un peso pesado del PSC el objetivo de las pesquisas: Narcís Serra. Quien fuera vicepresidente del Gobierno de González es investigado por administración desleal de la entidad en el momento de su intervención por el Estado. El 1 de diciembre el juzgado que instruye el caso admitió a trámite la ampliación de la querella de las CUP, que ve sospechosa la compra por parte de CX de unos terrenos municipales en Lleida por valor de 50 millones de euros. Seis años después de que se aprobara el proyecto, que CX esperaba amortizar con la construcción de dos torres residenciales, el solar sigue tan vacío como entonces.

Denuncias desde arriba contra los bancos

El banco estadounidense JPMorgan Chase ha llegado en el mes de noviembre a un acuerdo extrajudicial con las autoridades estadounidenses por el que pagará una multa de 13.000 millones de dólares por haber incurrido en prácticas delictivas relacionadas con la venta de hipotecas basura. Esta entidad fue demandada por una agencia estatal en 2011, junto a otros 16 bancos, entre los que se encuentran Barclays, Citigroup y Bank of America.

En Europa, las autoridades de la Unión Europea están preparando por primera vez la imposición de una multa contra seis bancos: Deutsche Bank, JPMorgan, HSBC, RSBC, Crédit Agricole y Société Générale, por la manipulación del Euribor, mientras que Barclays y el Royal Bank of Scotland, entre otros, serán multados por la manipulación del Libor. [La multa impuesta finalmente fue de 1712 millones de euros].

miércoles, 11 de diciembre de 2013

La trampa de los microcréditos para mujeres en Marruecos


Es el mundo al revés. INMAA, una asociación de microcréditos vinculada a la ONG AMSED y a PlanetFinance, del 'capo' Jacques Attali (fundador de Acción contra el Hambre), estafa a mujeres en Marruecos y pide cárcel para los activistas anti-microcréditos que las defienden.
Son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%
Amina Mourad y Benasser Ismaini coordinadores del movimiento de víctimas de los microcréditos de Ouarzazate (Marruecos) explican a DIAGONAL el fenómeno de los microcŕéditos irregulares en el país.Ambos activistas se enfrentan a cinco años de cárcel, denunciados por INMAA, que cuenta con el apoyo del Fiscal General del Reino, por "estafa", "difamación" y "amenazas". El juez ha aplazado su sentencia al 17 de diciembre, ante la ola de apoyo local e internacional que han despertado.

Se cuentan por miles las mujeres atrapadas por los microcréditos en Marruecos. La estafa se ha perpetrado a través de asociaciones presuntamente sin ánimo de lucro que, bajo el señuelo de la lucha contra la pobreza, "reciben fondos de organismos internacionales como PNUD, USAID, la Unión Europea (UE), el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la banca alemana, la embajada francesa y otras instituciones públicas y privadas" para ofrecer pequeños préstamos con el propósito de financiar microproyectos para las más pobres. INMAA, Al Amana, Al-Baraka, o Ardi son los nombres de algunas de ellas.

Paradójicamente, estas asociaciones suelen estar representadas por importantes personalidades nacionales o internacionales. Además del mencionado caso de INMAA con Jacques Attali, otra asociación de microcréditos, Al Amana, ha tenido como presidente de honor a Driss Jettu, ex primer ministro de Marruecos con Mohamed VI, y como director al Fouad Abdelmoumni, influyente "actor de la sociedad civil marroquí".
Reguladas por la Ley 97.18, "estas asociaciones no pueden conceder créditos a un interés superior al 4%", aseguran Amina y Benasser. Y, sin embargo, son muchas las víctimas que denuncian intereses cercanos al 40%. El propio Abdelmoumni reconoció al periódico francés 'Libération' "tasas que han podido ascender al 50%". También admitió que "del 2 al 5% de los casos, no ha habido ninguna verificación" a la hora de conceder los préstamos.
El Parlamento marroquí estudia un proyecto de Ley para convertir las asociaciones de microcréditos en sociedades de responsabilidad limitada, lo que supondría transferir dinero público, procedente de organizaciones internacionales, a sociedades financieras privadas. El principal impulsor de esta iniciativa es Tarik Sijilmassi, presidente del Banco de Crédito Agrícola de Marruecos (95% público) y presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Microcrédito.
Pero, a decir de las víctimas, el problema es que quien está detrás de las asociaciones de microcréditos no es otro que el régimen dictatorial, el Majzén. Cuando las afectadas no pueden hacer frente a las deudas, los representantes del Majzén se presentan en sus casas y les amenazan con la cárcel por no hacer frente al “dinero del Estado, esto es, del Rey”. Y ello independientemente de que en Marruecos no existe la prisión por deudas, sino un mero incumplimiento de obligaciones privadas de las que responde el deudor con sus bienes, pero sin que su libertad esté en peligro. Pero los funcionarios del Estado saben bien el efecto que su presencia tiene en el imaginario popular y cómo a ojos de la población, el miedo a la indisposición con las autoridades tiene más eficacia coactiva que las reclamaciones judiciales civiles de las deudas impagadas.

Según los activistas entrevistados, al inicio de la crisis financiera internacional se producen los primeros impagos y las primeras reclamaciones civiles, que sacan a la luz el escandaloso 'modus operandi' de estos organismos: El 80% de las destinatarias de los microcréditos han sido mujeres, en su mayor parte analfabetas; los contratos estaban escritos en francés, lengua que desconocía la mayoría; el único requisito para conceder el préstamo era enseñar la Carta Nacional de Identidad y una fotografía; los créditos fueron despachados en cuarto de hora en la municipalidad; y en las tablas de amortización, cuyas copias no se entregaban a las interesadas, figuraban unas cuotas que no se correspondían con el 4%, sino que oscilaban entre el 17% y el 36%, esto es, por encima de las tasas de los créditos comerciales. Prueba del carácter abusivo de estos microcréditos es que en la fase de reclamación judicial, en muchos casos, la deuda ha sido rebajada judicialmente, por ejemplo, de 40.000 a 10.000 dirham.
Amina y Benasser insisten en que se trata de créditos no comerciales, cuyo objeto no es la obtención de beneficio sino que son instrumentos de lucha contra la pobreza, lo que es coherente con el carácter público del origen de los fondos. "No pedían ninguna justificación de ingresos o descripción del proyecto a realizar con el crédito, pues en realidad no se trataba de financiar proyectos sostenibles económicamente y de los que pudieran vivir los prestatarios, sino de conseguir nuevas endeudadas a los que esquilmar con intereses usureros", explican.
El resultado ha sido miles de mujeres sobreendeudadas que, en muchos casos, se han visto obligadas a encadenar un microcrédito con otro. A la hora del impago, los recobros pueden ser violentos, informa Lucile Daumas: "A los problemas de pobreza previos, que el acceso a los microcréditos no ha resuelto, se añade el endeudamiento y las presiones para el reembolso que destrozan las familias, conducen a las mujeres a la prostitución o al suicidio".

La posibilidad de una condena de cinco años de cárcel para Amina Mourad y Benasser Ismaini, que ya fueron absueltss después de que cuatro organizaciones de microcrédito retiraran la denuncia contra ellos, ha provocado una ola de apoyo tanto local como internacional. CADTM Internacional, ATTAC Maroc y la CGT de Andalucía impulsan una campaña en la que se solidarizan con las víctimas de las entidades de microcréditos y exigen la absolución y cese de la persecución contra estos dos activistas.

Secuestrados los periodistas Javier Espinosa y Ricardo G. Vilanova en Siria

Desde el 16 de Septiembre de 2013 permanecen secuestrados los periodistas españoles por un grupo afín a Al Qaeda en Siria.

También continúa secuestrado el periodista Marc Marginedas.

martes, 10 de diciembre de 2013

Bloquean Konecta para pedir la readmisión de Amaya, despedida por asistir a su desahucio


Konecta, cuyo socio mayoritario es el Banco Santander, despidió el 25 de octubre a Amaya Muñoz, después de 3 meses trabajando para la empresa y amparándose en la nueva reforma laboral, que permite despedir a un empleado por faltar nueve días hábiles de forma intermitente en dos meses consecutivos. Amaya, desahuciada por más de 100 antidisturbios el 11 de septiembre, causó baja durante diez días debido a problemas de ansiedad. Esta mañana, el grupo de respuesta formado por activistas de la Asamblea Stop Desahucios de Madrid y miembros del sindicato CGT, llevaba la protesta en repulsa del despido, de nuevo, a la sede de Konecta. En el desolado polígono industrial al sur de Alcobendas, 5 kilómetros al norte de las Torres Kío, donde la empresa tiene sus oficinas, se cerraba un círculo de acciones que comenzó con una manifestación en el mismo lugar y cuatro días después del cese. Continuó el 14 de noviembre en la sede central del Banco Santander y el pasado 6 de diciembre se concentró de nuevo en la sede de Aegón, la aseguradora para la que Amaya prestaba servicios en el momento de su despido. Mientras Amaya trataba de conseguir una reunión con Jaime Castel, responsable de Relaciones Laborales de Konecta, sus compañeros entraban en los dos centros de llamadas de la segunda planta, al grito de “Amaya readmisión”, causando especial incomodidad en el primero de ellos, antiguo lugar de trabajo de Amaya, en donde, en un despacho contiguo, la empresa se encontraba reunida con un cliente. Al cabo de diez minutos y ante la imposibilidad de atender las llamadas con normalidad por el ruido que generaba la protesta, los supervisores intentaron encerrar a los participantes haciendo salir primero a todos los empleados. Con la policía ya de camino, los activistas salieron sin demasiado esfuerzo del primer centro de llamadas para bloquear también el segundo. La protesta duró otros diez minutos en los que los trabajadores del centro guardaron absoluto silencio. Veinte minutos después de la entrada al edificio, doce policías nacionales de uniforme, cinco de ellos sin el número de placa visible, más dos agentes de paisano, tomaban el control del rellano de la segunda planta, obligando a los manifestantes a bajar al recibidor sin hacer más ruido, mientras intentaban mediar entre Amaya y Konecta. Una vez abajo, policía identificó a dos periodistas y a tres participantes. Uno de los agentes sin número de placa visible ordenaba a uno de ellos que borrara las fotos que acababa de hacer con su teléfono móvil para después sacarle del edificio a empujones. Castels, que no había recibido a Amaya, después del intento de mediación de la policía se limitó a remitirse a la demanda de conciliación que tendrá lugar mañana a las 9 en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación de la Comunidad de Madrid. Los manifestantes decidieron, en asamblea, dar por terminada la acción y esperar a la conciliación para decidir sus próximas acciones. 

La mañana del 11 de septiembre, 12 furgonetas de antidisturbios y más de 100 agentes ejecutaron el desahucio de Amaya. La policía llegó a las 6:55, tres horas y media antes de la hora programada por el juzgado, para acordonar la zona e impedir la llegada de activistas que pudieran pararlo.

Un chino vive 20 años en las alcantarillas para pagar la educación de sus hijos

Las autoridades de Pekín han descubierto que un hombre ha pasado cerca de dos décadas viviendo bajo tierra, con una tapa de alcantarilla como única puerta, para poder ahorrar dinero con el que pagar la educación de sus hijos, según ha informado este domingo la televisión estatal china CCTV. zoom El hombre, apellidado Wang y de 53 años, quedó arruinado por las fuertes multas que tuvo que pagar tras violar la política del hijo único (tiene tres vástagos) y decidió emigrar desde el campo a la cercana Pekín para ganarse la vida lavando coches. Para reducir al mínimo sus gastos y poder emplear todo su modesto salario en sus hijos, Wang ha vivido en una instalación subterránea a unos dos metros de la superficie, junto a tuberías, con poco más que un saco de dormir, mantas y un termo de agua caliente. El caso de Wang llegó a las autoridades de la ciudad, que han sellado la tapa de alcantarilla por la que el hombre entraba a su 'casa' y le han buscado un alojamiento temporal, advirtiendo a la ciudadanía de que vivir en estas precarias instalaciones bajo tierra puede ser muy peligroso. Aunque el caso de Wang es llamativo por el largo periodo de tiempo en que ha vivido en condiciones infrahumanas, medios del país asiático han publicado, tras conocer la noticia, que este hecho no es algo único en el país y que muchos vagabundos y gente sin recursos viven en el subsuelo de las ciudades chinas.

Entre el terror y la corrupción en Afganistán


“La corrupción está socavando la poca legitimidad que le quedaba al gobierno”, señaló Qader Rahimi, de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán. “La población no confía en el gobierno. No cree que trabaje para el bien de todos”, dijo.
La comunidad internacional hasta ahora ha concentrado su su esfuerzo en luchar contra la red radical islámica Al Qaeda y el terrorismo, pero es tiempo de que se enfoque en el combate a la corrupción, “nuestro mayor enemigo”, añadió.
Las estadísticas disponibles confirman esta urgencia. Según información reunida por la Alta Oficina Afgana para Vigilancia y Lucha contra la Corrupción (HOOAC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), la mitad de los ciudadanos de este país pagaron una multa en 2012 cuando realizaron un trámite público.
El estudio, titulado “Corruption in Afghanistan: Recent Patterns and Trends” (Corrupción en Afganistán: Patrones y tendencias recientes), divulgado en febrero, calcula que los afganos pagaron 3.900 millones de dólares en coimas el año pasado.
Cuando falta poco más de un año para que las fuerzas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) cedan el control total del territorio a las autoridades locales, la sociedad afgana se pregunta cuáles han sido los progresos desde 2001, cuando la invasión liderada por Estados Unidos desalojó del poder al movimiento islamista Talibán.
Muchos se preguntan cómo puede avanzar este país si hace 12 años que es escenario de combates cada vez más frecuentes y destructivos.
Según el último informe sobre “Protección de civiles en conflictos armados”, elaborado por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, el número de bajas civiles aumentó 23 por ciento en los primeros seis meses de este año respecto de 2012.
Toda esta situación se agrava con la falta de confianza de la población en la administración de Karzai.
“Hay una enorme brecha de comunicación entre el pueblo y el gobierno”, advirtió Abdul Khaliq Stanikzai, gerente regional de la no gubernamental Sanayee Development Organisation.
“La población no tiene ni mecanismos ni instrumentos para hacerse oír y para influir en la toma de decisiones del gobierno”, dijo a IPS.
Esto ha creado una gran desconfianza mutua, que se agrava debido a la brecha entre las expectativas creadas y el logro de las aspiraciones en materia económica, de desarrollo, de derechos humanos, de funcionamiento de las instituciones y, sobre todo, de justicia social e igualdad.
“Tras el derrocamiento del Talibán, la población esperaba un gobierno transparente e igualitario. Ahora, nadie espera nada del gobierno”, dijo Asif Karimi, coordinador de proyectos en Kabul de The Liaison Office, organización dedicada al fomento de la paz entre comunidades afganas.
La mayoría de los afganos, apuntó, repudian tanto al Talibán como al gobierno de Karzai.
Por su parte, Mirwais Ayobi, profesor de derecho y ciencias políticas en la Universidad de Herat, cree que la población se vuelca cada vez más por el movimiento islamista. “Si le pides al Talibán que resuelva una disputa, se enfoca en lograr una reconciliación”, dijo a IPS.
Ayobi considera que la corrupción en el sistema político y administrativo es un enorme desafío, porque erosiona la confianza de los ciudadanos.
Afganistán se ubicó en el tercer lugar del Índice de Percepción de la Corrupción 2012, elaborado por la organización Transparencia Internacional, detrás de Somalia y Corea del Norte.
El monto de los sobornos varía de un sector a otro, según el estudio de HOOAC-UNODC.
“Las coimas suelen ser mayores en el sistema judicial”, señaló, donde promedian los 300 dólares. Mientras, los sobornos que cobran funcionarios de aduanas rondan los 200 dólares, y los que exigen otros empleados públicos van de 100 a 150.
Muchos analistas creen que se trata de un problema estructural, entre ellos Rahman Salahi, exdirector de la Shura de Profesionales de Herat, organización no política que reúne a abogados, economistas, maestros, ingenieros y otros que demandan una más activa participación de la sociedad civil en la reconstrucción del país.
“Hasta hace pocos años, teníamos lo que básicamente era un sistema económico socialista, basado en el molde dejado por la ocupación soviética”, explicó Salahi .
“Cuando intervino la comunidad internacional adoptamos un sistema de libre mercado sin contar con las adecuadas estructuras institucionales para supervisarlo o para adoptar pautas”, añadió.
Antonio Giustozzi, catedrático visitante en el Departamento de Estudios de Guerra en el King’s College de Londres y experto en Afganistán, explicó que “la cantidad de ayuda enviada al país, así como los mecanismos para su distribución y asignación, excedieron la capacidad de absorción de la sociedad y de las instituciones para administrarla”.
Este desajuste entre el flujo de ayuda y la estrecha capacidad de absorción dio lugar a la corrupción, que ahora está “totalmente enraizada en el sistema político”, señaló el analista.
Aparte de esas razones estructurales, la comunidad internacional también habría fomentado una cultura de impunidad en el país al fortalecer a los señores de la guerra.
Organismos internacionales “les dieron poder político y dinero a los señores de la guerra, a esos que cometieron crímenes, a esos que mataron a miles de inocentes, a esos que están involucrados en el sistema de corrupción”, afirmó Sayed Ikram Afzali, jefe de cabildeo y comunicaciones de la organización Integrity Watch Afghanistan.
“La población pensaba que las cosas cambiarían, que habría justicia e igualdad tras la derrota del Talibán”, dijo , pero eso no ocurrió.
No obstante, todavía cree que hay esperanza. “Los señores de la guerra no tienen raíces en la población, porque le han negado la justicia social a los afganos y secuestraron al Estado. Es tiempo de que el Estado se libere de estas personas”, señaló. Fuente: periodismohumano

domingo, 8 de diciembre de 2013

El pequeño Adolf y Sigmund Freud


Monstruos y abismos invadían cada noche los sueños del pequeño Adolf 

Un muchachito austríaco de seis años y gesto desafiante, el mentón elevado y la mirada firme, las piernas abiertas, los brazos cruzados, algo diferente del resto de sus compañeros de colegio, cambió con el tiempo la historia de Europa. Hijo de Alois, un funcionario de aduana, y de Klara, una sufrida ama de casa, en 1895 Adolf Hitler no representaba nada, para el poder de Guillermo II en Alemania ni para el de Francisco José I, monarca del imperio austrohúngaro. Después de todo, sólo se trataba de un pequeño escolar que suficientes problemas ya tenía en su casa como para preocupar a tan importantes personajes que en aquellos días continuaban decidiendo el destino de gran parte del mundo, ya que sus guerras y reconciliaciones, sus tratados y sus ambiciones tenían un impacto profundo más allá de las fronteras, hasta ultramar. Una reciente investigación realizada en Londres por el escritor de televisión Laurence Marks, que tuvo la colaboración de John Forrester, estudioso de Sigmund Freud y su obra, indica que el padre del psicoanálisis recomendó en 1895 que el pequeño Adolf fuese internado a los seis años en un instituto de salud mental para niños de Viena. Conductas impropias para un chico normal de clase media austríaca y horribles pesadillas nocturnas que se repetían cada noche llevaron al médico de la familia Hitler, el doctor Ernest Bloch, a consultar con un especialista para saber qué hacer con el paciente que soñaba con monstruos malignos, caídas hacia abismos profundos y negros como la noche y persecuciones en las que invariablemente era capturado y azotado hasta desear la muerte. Metódico como la mayoría de sus compatriotas, el doctor Bloch, de origen judío, dejó constancia en varios escritos hallados por Marks, de la consulta realizada a otro judío, el propio Freud, que fue terminante en el diagnóstico: "internación y tratamiento". Pero la inflexibilidad del padre, Alois, fue más fuerte que los desvelos de la madre, Klara, y el destino marcado por voluntad paterna, es decir, que su hijo llegara a ser, como él, un funcionario del Estado, impidió que el niño fuese tratado con resultados que bien podrían haber alterado el curso de la historia mundial. Adolf Hitler ni fue internado ni recibió tratamiento alguno y años después revelaría, en el reflejo escrito más fiel de su pensamiento político y de la forma en que él interpretaba su propia biografía, Mi lucha (Mein Kampf) : "La camaradería que mantenía con muchachos robustos, que era frecuentemente motivo de hondos cuidados para mi madre, pudo hacer de mí cualquier cosa menos un poltrón". En los años de más temprana formación, la conducta de Hitler no ocasionaba penurias más que a su familia, especialmente a su madre. Según Allan Bullock, historiador y autor de una importante biografía del Führer , publicada en 1952, la crisis psicológica sólo hizo eclosión en la vida de Hitler entre 1907 y 1908, a la edad de 18 años, cuando fue rechazado dos veces por la Academia de Artes de Viena. El nunca aceptó la justicia de aquella decisión de las autoridades de la academia, algo que quedó también reflejado en Mi lucha : "Aún hoy no me explico -escribió- cómo no me di cuenta antes de que tenía vocación para la pintura. Mi talento para el dibujo se hallaba tan fuera de duda que fue uno de los motivos que indujeron a mi padre a inscribirme en un colegio de enseñanza secundaria, pero jamás con el propósito de permitirme una preparación profesional en ese sentido." El frustrado pintor austríaco siguió intentando desplegar aquel talento que, como muchas otras habilidades tales como la oratoria y la capacidad de liderazgo, él consideraba natural. Y hoy, diversos coleccionistas de Europa mantienen entre marcos los paisajes urbanos pintados por Hitler casi hasta el fin de sus días. La sensación de que existía una suerte de conspiración en su contra, en este caso para impedirle consumar su futuro de artista, era coherente con las viejas y aterradoras pesadillas de la infancia temprana. Las persecuciones nacidas en su mente eran más peligrosas para los otros que para él mismo. Aunque esto sólo se sabría años después. Sin embargo, el investigador Marks señala el principio del daño psicológico de Hitler mucho antes que Bullock, y ubica su origen en el maltrato que recibía del padre. "Le gustaba humillar a su hijo. En una muestra de rebelión, Adolf, entonces de seis años, trató de escapar de su casa durante la noche, saltando por una ventana. Se desvistió para salir con menos ruido, pero quedó enganchado. Su padre lo oyó y trajo al resto de la familia para que se rieran de él. Adolf lloró durante tres días", relató. Marks está convencido de que Alois se negó a seguir el consejo dado por Freud, esto es, internar a Adolf para un tratamiento psiquiátrico, sólo para evitar que cualquier examen médico pudiese delatar el maltrato, que también era físico. Fue una decisión que cambiaría el futuro. Como es de suponer, dada la profesión de Marks, toda esta investigación será la base de una obra de teatro en el West End de Londres, y ya hay quienes hablan de una película. Pasado más de medio siglo desde el fin del horror hitleriano, ya no son los hechos -indubitables- sino sus causas lo que se trata de dilucidar. Esa búsqueda también se manifestó hace pocos meses en Buenos Aires, cuando especialistas de todo el planeta reunidos en el Congreso Mundial de Neurología intentaron analizar posibles razones neurológicas en la patología de Hitler, que se daba por descontada. El historiador Bullock, de todas maneras, dice que las teorías sobre los orígenes de la insania mental, e incluso la existencia cierta de esa enfermedad, aún lo intrigan. Se pregunta: ¿fue Hitler realmente un enfermo mental, y en caso de que lo haya sido, qué lo hizo capaz de acumular semejante poder, a pesar de ello? "Vaya a cualquier asilo para locos y seguramente encontrará a alguien que cree tener una misión especial de conquistar el mundo. Esas personas no llevan adelante esa supuesta misión. La pregunta por responder es: ¿cómo hizo Hitler para ponerla en práctica?", dice, sin que hasta el momento alguien haya aventurado una respuesta irrefutable. Las investigaciones realizadas por Laurence Marks pusieron al desnudo ciertas curiosidades. Por ejemplo, que Adolf Hitler nunca olvidó al médico de su familia. Cuando, en 1938, Alemania invadió y anexó Austria, Martin Bormann recibió instrucciones precisas del máximo jerarca nazi: preservar a Ernest Bloch, otorgándole un salvoconducto para huir a Suiza. En definitiva, Hitler le salvó la vida a un judío, a pesar de que el judaísmo era el centro de su teoría fantástica acerca de las razas, y el blanco principal de la furia homicida que desató en Europa. Precisamente él, un enemigo demencial de los judíos, estuvo a punto de no quedar en la memoria como el autor intelectual y material del mayor genocidio en la historia europea, y haber sido un anónimo pintor de brocha gorda, o bien un oscuro funcionario del Estado austríaco, merced a la intervención bien intencionada de dos judíos: Ernest Bloch y Sigmund Freud. Pero no fue así. El mundo lo sabe. Por Leonardo Freidemberg (c) La Nacion .

sábado, 7 de diciembre de 2013

El legado de Mandela, Mbuye Kabunda


[Mbuye Kabunda es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid]
Mandela era un patriarca, un conciliador que, sin rencor después de más de 27 años en la cárcel, miraba más hacia el futuro que hacia el pasado. Era el sabio africano, el símbolo de la libertad, la paz y la reconciliación y el modelo del futuro jefe de Estado en África.
Era sin lugar a dudas el personaje político más venerado del mundo, dotado con un excepcional encanto personal y político, indiferente hacia los bienes materiales y el dinero, poniendo por encima de todo la sinceridad y la humildad.
Cuidadoso de las apariencias o del poder de la imagen, aparecía en público con las llamadas “camisas Mandela” multicolores -en sustitución de sus elegantes trajes cruzados de raya diplomática de los que era aficionado antes de ser encarcelado- para transmitir una nueva imagen de liderazgo diferente de la occidental, pero sí africana y autóctona, al tiempo diferente de los déspotas africanos, dando públicamente pasos de baile si fuera necesario, y atendiendo siempre a los medios de comunicación.
Era una simbiosis perfecta de la educación tradicional y la moderna, impregnado con la filosofía africana del Ubuntu (la hermandad). Un hombre siempre cercano al pueblo. Era pura bondad.
El personaje
Nelson Rolihlahla Mandela, Madiba, nació el 18 de julio de 1918, en Qunu, en el Transkei. Era un hombre de casi un metro noventa de altura, delgado y atlético con un hermoso color caramelo, un moreno suave, dorado o canela, y amante del jogging.
Cursó derecho en la Universidad de Fort Hare, la única institución de enseñanza superior, en su época, a la que podrían acceder los negros en el África Austral. Es allí donde empezó a desarrollar sus actividades políticas y se puso en contacto con los miembros del Congreso Nacional Africano (ANC). Por esta razón fue expulsado de esta universidad en 1940, y se afincó en Johannesburgo, donde finalizó sus estudios por correspondencia en la universidad de Witwartersrand, consiguiendo el título de abogado. Poco después creó un bufete de abogados negros con sus incondicionales compañeros, Oliver Thambo y Walter Sisulu, los futuros dirigentes de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica.
Ante la intensificación de la represión, y sobre todo a raíz de las matanzas perpetradas por la policía racista en Shaperville, el 21 de marzo de 1961, el ANC optó por la lucha armada y creó la rama militar, el Umkhonto We Sizwe, de la que Mandela fue nombrado comandante. Lo que condujo a su detención, en 1964, junto a sus compañeros, acusados de “terrorismo” y condenados en el llamado “juicio de Rivonia” a cadena perpetua en la cárcel de la isla de Robben y distintas cárceles de la región de El Cabo.
El legado sudafricano de Mandela
El fin de la Guerra Fría convirtió en obsoleta la excusa de la lucha contra el comunismo en la región por el Gobierno racista, para conseguir el apoyo occidental y mantener el sistema del apartheid. A ello es preciso añadir la derrota militar de las tropas sudafricanas de ocupación en el sur del Angola (la batalla de Cuito Cuanavale), en 1988, junto a las sanciones internacionales que debilitaron completamente la economía del país. Todos estos factores crearon las condiciones para las negociaciones entre el ANC y el Gobierno, con la consiguiente independencia de Namibia y la liberación de Mandela.
Liberado el 11 de febrero de 1990, a los 71 años, Mandela lideró el ANC en las negociaciones con el National Party (NP), el partido de Gobierno encabezado por Frederik Willem de Klerk, para poner fin al sistema del apartheid y para la democracia.
Elegido en abril de 1994 como primer presidente negro de la Sudáfrica democrática, Mandela destacó una vez más por su autoridad moral, apostando por la reconciliación entre las razas y los grupos étnicos, cuando todo el mundo presagiaba la guerra civil o la yugoslavización del país, mediante la Comisión Verdad y Reconciliación (TRC), para aclarar los crímenes del apartheid e instaurar la cultura del perdón entre las víctimas y sus verdugos, de ambos bandos.
Llevó a cabo una política económica liberal, haciendo caso omiso de las presiones de sus aliados del Partido Comunista y del ala anti-liberal del ANC, cediendo sólo en las políticas de discriminación positiva y de empoderamiento de los empresarios negros (GEAR), siendo el objetivo reducir las desigualdades raciales y sociales heredadas del apartheid.
Se le recordará también por su firme compromiso en la lucha contra el VIH/sida, sobre todo después de las polémicas afirmaciones de su sucesor, Thabo Mbeki, -que consideraba los antirretrovirales igual peligrosos que el propio sida, en un país con 5 millones de seropositivos en 2005-, pidiendo la implicación del Estado en el apoyo a los enfermos de sida a los que se debería suministrar los fármacos antirretrovirales, y reconociendo públicamente la muerte de su hijo, Makgatho, en el mismo año, por esta enfermedad. De este modo, puso de manifiesto su apoyo a las personas más vulnerables y desfavorecidas, encabezando la lucha contra la pandemia.
La herencia de Mandela en la región
Cosa inédita en el continente, donde los gobiernos jacobinos defienden el carácter unitario y centralizado del Estado, Mandela aceptó la inclusión en la nueva Constitución sudafricana del derecho a la autodeterminación interna para los grupos que comparten cultura y lengua comunes, precisamente para no herir las susceptibilidades de los nacionalistas zulúes y afrikáners.
Demostró ser tolerante con las ideas y opiniones contrarias a las suyas y para respetar o representar los intereses de todos los grupos, mediante la incorporación de miembros de la oposición en su primer Gobierno de unión nacional (GNU), en particular al polémico líder del KwaZulu-Natal y del Inkhata Freedom Party (IFP), Mangosuthu Gatsha Buthelezi, y al último presidente del apartheid y del National Party (NP), Frederik Willem de Klerk, como símbolos de unidad y reconciliación, y para evitar la guerra civil.
En 1999, cuando todo estaba a su favor para repetir mandato, dejó voluntariamente el cargo a Thabo Mbeki, preparando de este modo su sucesión. Con ello dio una verdadera lección de democracia en un continente donde los altos mandatarios suelen aferrarse de una manera vitalicia al poder.
Se implicó personalmente en las negociaciones para la paz en la región de los Grandes Lagos, en particular en Burundi hasta 2001, así como en las negociaciones en el Outeniqua, en 1997, entre Mobutu y Kabila en la República Democrática del Congo, para evitar el baño de sangre en Kinshasa.
No quiso separar el destino de la Sudáfrica democrática con él de los demás países africanos, considerando Sudáfrica como un país africano que debe asumir un papel importante en el desarrollo económico del continente. Consideró que era de interés para Sudáfrica que haya crecimiento y desarrollo para el resto de África, y que Sudáfrica no podría desarrollarse al margen del resto del continente. En su primera participación en la cumbre de la OUA, en junio de 1994, en Túnez, manifestó: “Hoy, África es totalmente libre. Libre del poder de las minorías extranjeras y de las minorías blancas (…). África aspira a renacer de nuevo”.
Fue el único dirigente africano en protestar, en noviembre de 1995, contra el fusilamiento de los activistas ecologistas ogoníes por el régimen del general Sani Abacha en Nigeria, entre ellos el escritor Ken Saro-Wiwa.
Su desacierto fue la equivocada interpretación del conflicto de Ruanda (en términos de hutus contra tutsis), a raíz del genocidio de 1994 y en el momento que acababa de asumir el poder, y la consiguiente venta de armas al Gobierno del Frente Patriótico Ruandés (FPR), para defenderse, según él, de los ataques procedentes de los campos de refugiados hutus de la parte oriental de la RDC, posicionándose al lado de los tutsis y echando leña al fuego. A ello es preciso añadir la venta de armas al régimen militar argelino, en febrero de 1998, y al régimen islamista de Jartum. Lo que contradecía las soluciones políticas y diplomáticas, por las que apostaba, en la resolución de los conflictos africanos.
El legado internacional
Se dedicó a la moralización de las relaciones internacionales condenando los bombardeos de la OTAN contra Serbia, posicionándose contra la producción de minas antipersonas, y aprovechando su experiencia en la aplicación de los acuerdos de paz, ofreció su mediación en la resolución de conflictos en el mundo, como en Irlanda o en el conflicto árabe-israelí, y convenció a Gadafi para que entregara al Secretario General de la ONU a los dos sospechosos libios de los atentados de Lockerbie.
En los foros internacionales y en sus múltiples viajes por el mundo, no dudó en subrayar en defensa de África, que “más que ayuda, lo que sí necesita África es justicia”, poniendo de manifiesto su adhesión total a los valores de justicia y contra la arbitrariedad.
En un mundo unipolar post Guerra Fría, mostró una clara independencia en la política exterior de Sudáfrica, visitando a Fidel Castro y a Muamar El Gadafi, en agradecimiento a su apoyo a la lucha contra el apartheid, desafiando a las potencias occidentales hostiles a estos líderes internacionalmente aislados, y manifestó su disconformidad con la política de ataque preventivo de George Bush, junto a la adhesión al Movimiento de los Países No Alineados.
Las potencias occidentales le recriminaron la supuesta contradicción entre la adhesión a los derechos humanos y a los principios morales, y la colaboración con los regímenes considerados por ellas como “antidemocráticos”. Sin embargo, Obama dijo de él que era su modelo, y seguirá teniendo influencia en el mundo durante siglos.
Conclusión
La gran frustración de Mandela fue el no acabar con el apartheid económico en su país. Es decir, la segunda liberación, la socioeconómica, se reveló ser más difícil que la primera, la política, fundamentalmente por haber heredado una situación económica difícil y de desigualdades estructurales y su adhesión a las leyes del mercado sacrificando los aspectos de justicia social. Su gran mérito es haber liberado a los negros de la esclavitud y frustraciones y a los blancos de sus temores. Sin embargo, la reconciliación nacional no se acompañó de la justicia social para las víctimas del apartheid.
En este contexto, es preciso recordar las críticas de Winnie Madikizela Mandela, al Gobierno presidido por su exmarido y del que ella formó parte: le recriminó ser permisivo con respecto a los intereses de la minoría blanca, en lugar de erradicar las desigualdades del apartheid. En su opinión, se había concluido “un pacto del infierno entre las élites de los oprimidos y la de los opresores”. Al apartheid racial le había sucedido el apartheid económico y social, con la emergencia de una nueva burguesía negra que se había apartado de sus bases.
En definitiva, la gran herencia de Mandela es haber conseguido la democracia constitucional y la armonía racial y la reconciliación entre los grupos étnicos (the rainbow nation o la nación arco iris), con pocos avances en las políticas socioeconómicas. Es decir, sacrificando, para conseguir aquellos objetivos, sus principios socialistas a favor de lo positivo y lo constructivo.
Sus sucesores, Thabo Mbeki y Jacob Zuma, a pesar de conseguir importantes resultados macroeconómicos, no parecen servir a los más pobres por el conformismo económico y la falta de ambiciones de justicia social, debidos al contexto internacional y por privilegiar la unidad del país.

Los niños del Reich


Lebensborn, que significa "fuente de vida", fue una organización creada por Heinrich Himmler en 1935 estrechamente vinculada a las SS. Su principal cometido era el de preservar, expandir y potenciar la raza aria.

Para ello, miles de niños, supuestamente arios puros, fueron puestos bajo la tutela legal de las SS y criados en hogares de maternidad por toda Alemania y también por algunos de los países ocupados.

La mayoría de estos niños eran hijos de madres solteras cuyos padres eran miembros de las SS. Para pasar a formar parte de Lebensborn las madres debían demostrar su supuesta pureza aria ante especialistas raciales así como la de los padres de las criaturas.

Ante la escasez de niños arios puros en Alemania, Himmler decidió, tras el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, expandir la organización Lebensborn por gran parte de los países ocupados. Aunque el proyecto no logró consolidarse en la mayoría de territorios, sí lo hizo en Noruega y Polonia. Para los nazis, el país nórdico representaba una mina genética debido a que interpretaban que los altos y rubios noruegos formaban parte del tronco nórdico de la raza aria, el más puro y superior a todos los demás. Por ello, casi cualquier madre noruega embarazada de un soldado de las SS podía acudir a los centros del programa con la total seguridad de que sus hijos serían aceptados. Esto representaba una salida fácil para miles de mujeres embarazadas del enemigo cuyas vidas podrían haberse convertido en un infierno debido al rechazo que su supuesto colaboracionismo, unido a la ilegitimidad de sus hijos, podría generar en la sociedad.

En Polonia la realidad fue más cruel. Himmler no olvidaba que gran parte de Polonia Occidental había pertenecido en algún momento al Imperio Alemán, por lo que soñaba con encontrar niños puramente arios en dicho territorio. Para ello formó a las SS en técnicas para el rastreo de niños arios. Una vez encontrados las órdenes eran secuestrarlos y trasladarlos a Alemania, donde serían internados en centros especiales y sometidos a un tratamiento de regermanización, aprendiendo así las costumbres y el idioma alemán y olvidando todo lo polaco.

Debido a que todos los menores polacos rubios, altos, fuertes y de ojos azules eran susceptibles de pertenecer a la raza aria, cientos de miles de niños fueron secuestrados. Estimaciones actuales hablan de más de doscientos mil, de los que apenas cuarenta mil regresaron tras la guerra a Polonia.

Pero el proyecto Lebensborn sucumbió ante las tropas aliadas que en 1945 lograron la capitulación incondicional alemana. No obstante, para los niños inmersos en el programa, lo peor estaba por llegar. Concebidos como miembros de una aristocracia racial que debía gobernar el III Reich, tras la guerra fueron presa del olvido y el rechazo popular.

En Alemania los menores, así como la organización Lebensborn fueron, simplemente, olvidados. Por ello muchos de los niños que participaron en el experimento desconocen aún hoy sus orígenes y otros muchos solo pudieron acceder a su pasado tras décadas de investigación.

Niños sin papeles: tráfico de niños


Llegan a los aeropuertos o a las costas españolas acompañados de una mujer que dice ser su madre, pero que no lo puede documentar. La policía observa lo que considera “comportamientos sospechosos” en la relación entre la madre y el pequeño. Son bebés o niños pequeños sin filiación ni identidad verificable. Y una prueba de ADN demuestra en ocasiones que esos menores no son hijos de la mujer o la pareja con la que llegan al país. La policía, la fiscalía, la oficina de la Defensora del Pueblo y Cruz Roja trabajan en común para tomar medidas que permitan llegar a conocer la identidad de estos menores. Pero no siempre se consigue.
La ley de extranjería (Ley Orgánica sobre Derechos y Libertados de los Extranjeros en España y su Integración Social, reformada en 2009) regula las condiciones para el tránsito de menores en España. Esta norma señala que si los cuerpos de seguridad del Estado localizan a un menor no acompañado indocumentado, “el ministerio fiscal lo pondrá a disposición de los servicios de protección de menores de la comunidad autónoma en la que se halle”. Cuando no se conoce su identidad ni su procedencia, son tutelados por una Administración pública y se les considera regulables.

Aunque los requisitos están claros, “existen huecos en el cumplimiento de la legislación”, como explica Carlos Chana García, responsable del Programa de Restablecimiento del Contacto Familiar y del Servicio Social Internacional de Cruz Roja Española. “Influyen la legislación de cada país, la vía por la que se acceda con el menor al territorio, la autoridad de la frontera e incluso las compañías aéreas, que unas son más sensibles que otras a este problema”, prosigue Chana. “Se utiliza a los bebés como parte de las estrategias migratorias para poder pedir luego la reagrupación familiar. Las tipologías de cómo lo hacen son variadas”. Unas veces entran con falsos padres a través de los aeropuertos y otras son parejas o mujeres solas que llegan en patera o en barco solas con un bebé que supuestamente es suyo, pero que en ocasiones no lo es. Organizaciones de defensa y protección de menores calculan que solo a través de los aeropuertos españoles la policía detecta al menos medio centenar de casos de este tipo cada año.
Cruz Roja, que es además la corresponsalía del Servicio Social Internacional en España, considera que los requisitos están claros para el tránsito de menores en el territorio Schengen, en el cual se puede circular libremente si se ha entrado regularmente en alguno de los países de este espacio. Esta organización señala que “las dificultades aparecen al aplicar los procedimientos, y los más vulnerables son los niños pequeños que se ven involucrados en los procesos migratorios”, señala Chana. “Muchos terminan en el sistema de protección de menores y, algunas veces, al cabo de los años, aparece una mujer diciendo que es su madre, cuando el niño a lo mejor se ha dado ya en adopción”, añade.
“Se usan bebés para pedir reagrupación familiar”, denuncia Carlos Chana
En su opinión, desde hace años “es difícil que se den en España casos de intercambio de niños por dinero”. “Aquí sí hay los mecanismos para detectar casos de riesgo a través de los servicios sociales”, afirma. “Además, las adopciones internacionales siguen unos protocolos muy claros en España y también se vigila mucho la situación en los países de origen de los niños. Pueden darse casos de familias, en Tíbet o Etiopía, por ejemplo, en los que las familias no entienden bien que van a perder los derechos sobre sus hijos al darlos en adopción. Creen que les van a dar una vida mejor, pero no conciben ni entienden que vayan a dejar de ser sus hijos. Este proceso puede ser discutible, pero se les explica lo mejor posible y, una vez que los ceden, los procedimientos que se siguen para darlos en adopción son completamente legales”.
Otros casos en los que los menores en tránsito no cuentan con todas las garantías que deberían son los de parejas separadas en las que uno de los miembros es de otro país y se lleva a los hijos a su tierra sin autorización, sin que se le plantee ningún problema a la hora de sacarlos del país porque es uno de los progenitores. Una vez constatada la filiación, no se solicita ningún otro papel que demuestre que tiene la custodia del menor. Los datos son difíciles de precisar en este terreno. Sin embargo, organizaciones de protección de los menores calculan que puede haber en esta situación varios centenares de niños españoles. Y el fenómeno está aumentando con el incremento de los matrimonios en los que uno de los miembros es extranjero.

Sin embargo, este riesgo se puede evitar, como explica la magistrada e inspectora delegada de menores y familia del Consejo General del Poder Judicial, María de los Ángeles Velasco: “En casos de separaciones en los que se tengan dudas de que uno de los padres pueda llevarse al menor del país sin autorización se puede adoptar como medida cautelar que se libre a todos los aeropuertos la prohibición de salida sin el consentimiento de los dos progenitores o sin autorización judicial”. Velasco explica que esta cautela se incluye ya en muchos procesos de separación y que incluso se ha dado algún caso en el que los padres que se habían olvidado de que la habían solicitado y, por ejemplo, al intentar salir un hijo adolescente del país para irse a estudiar al extranjero han tenido que acudir al juez para retirar la prohibición para ese viaje. “A mí me ha ocurrido esto en dos ocasiones. En una de ellas porque la madre no se acordaba de que en su día solicitó esa medida cautelar”, señala Velasco.
Las organizaciones de protección de la infancia insisten en que es necesario aumentar la implicación de las fiscalías y los servicios de protección a la infancia, que generalmente no intervienen más por falta de recursos, para evitar el tránsito de menores sin filiación, así como que se deben aumentar los controles de los niños extranjeros que llegan a nuestras fronteras.

La defensora del pueblo, Soledad Becerril, mandó a la policía el pasado mes de marzo una recomendación para “que se identifique a los menores extranjeros que lleguen a España de forma irregular y así evitar situaciones de riesgo para estos menores”. La recomendación fue aceptada, por lo cual, a partir de entonces, cuando la policía localiza a menores extranjeros no acompañados, que viajan con un adulto que no puede documentar su relación con ellos o cuando existen indicios de que pueda ser víctima de trata de seres humanos se procede a identificar a esos niños de forma inmediata, se pone el caso en conocimiento del ministerio fiscal y de las entidades de protección de menores, explica la oficina de la Defensora.
La policía corrobora la situación de riesgo: “Cuando un adulto manifiesta que existe una relación parental entre él y el menor al que acompaña sin documentación alguna que lo avale, se invita al acompañante a que consienta —previamente informado sobre la prueba y sus efectos jurídicos— a la obtención de células epiteliales bucales propias y del menor para la práctica de la prueba de ADN”, explica la policía.
En lo que va de año han llegado a las costas españolas de forma irregular 124 menores no acompañados y 39 que viajaban con un adulto, según datos policiales. Hay “indicios acreditados por diversas fuentes (ONG, cuerpos y fuerzas de seguridad y ministerio fiscal) de que algunos casos de traslado de menores por adultos indocumentados esconden actividades directamente vinculadas con el tráfico ilegal de niños o con la trata de seres humanos”, añade. Por eso, la policía, a instancias del fiscal de Sala Coordinador de Extranjería y de la fiscal de la Sala de Menores dictó una instrucción el pasado mes de febrero sobre “las actuaciones a realizar ante la detección de menores extranjeros no acompañados o que se encuentren en situación de riesgo”, de forma que desde entonces estos menores son “reseñados y grabados en el registro de menores extranjeros no acompañados (MENA) de las unidades de extranjería”.
Jesús Palacios, catedrático de Psicología de la Universidad Sevilla y experto en adopciones, anota que también persisten riesgos en la adopción internacional: “Hay países en los que no hay registro civil o los niños se registran con ocho o nueve años. El niño no existe, lo que facilita crearle una identidad falsa y asignarle una maternidad. Otra situación de riesgo en el tránsito de los menores son las catástrofes naturales o los movimientos masivos de población. Miles de niños vagan por las calles y no deben ser declarados adoptables hasta que se comprueba que es huérfano o que no hay nadie de su familia o comunidad que esté dispuesto a hacerse cargo de él”.
Y aunque todos los expertos coinciden en que el riesgo de adopciones ilegales en España es mínimo con la actual legislación, en otras partes del mundo no es así.
El convenio de La Haya señala cuándo un niño puede ser adoptable y cuándo no y los datos reflejan la inmensa cantidad de casos que se salen de estas reglas. El informe Las zonas grises de la adopción entre países, del Servicio Social Internacional (ISS), de 2010, señala que las adopciones que se realizan de acuerdo con el protocolo de La Haya en los 10 principales países de origen del mundo no llegan al 30%. El resto (más del 70%), no se realizan con garantías. “Es un dato preocupante y el problema es que la presión de la demanda ha generado presión de oferta dispuesta a satisfacerla”, explica Palacios. “Y sigue habiendo países, como Estados Unidos, en los que la adopción es independiente, sin la intervención de entidades públicas que controlen los procesos”.
“Las personas que quieran adoptar deben tener en cuenta no solo que España cuenta con una ley que regula estás adopciones, sino que el país en el que quieran adoptar haya suscrito el convenio de La Haya”, advierte José Ignacio Esquivias, fiscal de la sección civil y de familia de la Fiscalía de Madrid, y experto en adopción internacional. “Si acuden a otros países corren el riesgo de que no pueda homologarse la adopción en España de acuerdo con nuestra legislación, además de no tener garantías de que el menor se adopta con todas las garantías para él”. En algunos casos en los que no se hace así, los jueces y fiscales suelen aceptarlo en una forma legal similar al acogimiento, “porque hay que darles una cobertura jurídica y para no romper el vínculo creado y no dejar al niño en manos de las instituciones”. “Pero los problemas que se les presentan a las familias son inmensos, porque ni es su hijo legalmente, ni tiene su apellido”, advierte Esquivias.

Niños sin DNI y libros de familia sin fotografía

Para circular en avión, tren o barco con menores de 14 años dentro del territorio español la legislación no exige que se presente ningún documento del pequeño. Se considera responsable a la persona mayor con la que el niño realiza el viaje. La compañía responsable del trayecto puede solicitar el libro de familia, que no incluye una fotografía del menor, pero no todas lo hacen.
Dada la diferencia entre las legislaciones de los países a los que pertenecen las aerolíneas que cuentan con vuelos domésticos dentro de España surgen periódicamente problemas relacionados con la seguridad en el traslado de los menores. El último caso sonado fue el de la compañía Ryanair, de nacionalidad irlandesa, que negaba el embarque a los vuelos dentro de España a los menores de los que no se aportara un documento con fotografía, como el DNI o el pasaporte, y no consideraba válido el libro de familia por no contar con ella. “Creemos que no pedir un documento con foto podría favorecer el tráfico de menores. En estos asuntos tenemos el respaldo de las autoridades irlandesas”, manifestó Michael O’Leary, presidente de Ryanair hace un año a raíz del conflicto en el que se vio implicada la aerolínea. Los tribunales españoles dieron la razón a las personas afectadas por estas restricciones de Ryanair y la compañía se vio obligada a cambiar su política en España y aceptar el libro de familia como documento válido para autorizar que los niños viajaran en sus vuelos domésticos. Sin embargo, la duda de O’Leary sobre la inseguridad en el traslado de los menores la comparten otras organizaciones.
“En Cruz Roja recomendamos que se viaje siempre con pasaporte o DNI del menor, aunque es cierto que el riesgo es menor cuando se circula dentro del Estado, pero la garantía también lo es al no llevar una fotografía que identifique al niño”, señala el responsable de infancia en dificultades sociales de Cruz Roja Carlos Chana García.
En otros países, la variedad de situaciones es muy amplia. Muchas naciones no cuentan con ningún tipo de libro de familia. Es el caso, por ejemplo del Reino Unido o de Estados Unidos. En el primero, si se quiere viajar con menores, se les tiene que sacar el pasaporte a partir de los dos años de edad.
En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó el mes pasado un real decreto que reduce la validez del DNI de los menores de cinco a dos años. La expedición de este documento para los niños es voluntaria. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que esta reforma se debe a los cambios físicos que sufren los menores a esas edades. “Entre un menor de dos y uno de cuatro hay bastante poca similitud”, señaló.
Respecto al libro de familia, su reforma la tiene sobre la mesa el Ejecutivo, pero es una incógnita si incluirá una foto del menor. El borrador de anteproyecto de Ley de Reforma Integral de los Registros, aprobado por el anterior Gobierno socialista en 2010, incluye la eliminación del libro de familia y lo sustituye por “certificaciones registrales” que podrán ser solicitadas personalmente o a través de Internet. Además, el nacido recibirá un Código Personal de Ciudadanía (CPC), ligado a una ficha personal donde figurará a lo largo de su vida todo su historial civil. El código personal consistirá en una secuencia alfanumérica que le valdrá a la persona para todos los trámites que necesite hacer en el Registro Civil. Su ficha personal podrá ser consultada de forma electrónica y será accesible para las Administraciones de toda España que lo precisen a la hora de realizar un trámite. No se especifica si la ficha personal incluirá una fotografía.

La previsión es que este cambio en el libro de familia, ligado al de Registro Civil, entre en vigor en julio de 2014, recuerdan fuentes del Ministerio de Justicia. Pero no está claro si el Gobierno plantea cambiar el texto elaborado por los socialistas o incluir una foto del menor junto a sus datos. Fuente: El País